El fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Adrián Salazar, ha presentado una denuncia en los juzgados de Eivissa en la que solicita la imputación de tres consellers en funciones del Consell Insular, Stella Matutes, Joan Marí Tur y José Sala, y el ex alcalde de Sant Antoni, Antonio Marí Tur, por varios presuntos delitos tipificados en el Código Penal, entre ellos el de prevaricación. El escrito de Salazar es consecuencia de la denuncia que había presentado meses atrás el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) dando a conocer actuaciones presuntamente irregulares por parte de estos políticos, que habrían votado o tramitado el Plan Territorial Insular (PTI) de las Pitiüses beneficiando terrenos de su propiedad.
La presentación de la denuncia de la Fiscalía fue dada a conocer ayer por el GEN en un comunicado y, poco después, cuando los periodistas se interesaron por el caso, el ministerio público emitió por una nota oficial confirmando que el pasado día 19 de junio se presentó el escrito en el juzgado.
Según informaron otras fuentes a este periódico, el caso ha ido a parar finalmente al juzgado de instrucción número 3, que dirige Pablo Mendoza, y que es el que ahora deberá decidir si acuerda o no la imputación de los denunciados y abre diligencias.
La denuncia del GEN, según recordó ayer esta organización ecologista, «se basaba en que en el contenido del Plan Territorial se incluían disposiciones que, de manera totalmente injustificada e irregular, se ajustaban a proyectos urbanísticos que podían suponer grandes beneficios económicos para consellers implicados en su aprobación».
Los ecologistas señalan que en el caso de Stella Matutes ésta «votó, mediante el PTI, modificaciones urbanísticas directamente vinculadas a negocios inmobiliarios, tanto propios como de su familia directa», en alusión al paraje de ses Variades, en Sant Antoni, que pasó de rústico a urbanizable con el PTI. «Estas modificaciones, además, suponían un trato claramente diferenciado con relación al resto de suelos urbanizables en primera línea de mar en la isla de Eivissa afectados por el Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT), del que, precisamente estos terrenos, y sólo estos, resultaron exonerados».
Por su parte, José Sala Torres «blindó, mediante un convenio urbanístico ilegal, los negocios inmobiliarios de su compañera de filas» en ses Variades. Dicho convenio, «con disposiciones que contravienen incluso normativa estatal, se firmó antes incluso de disponer de la cobertura que le ofreció el PTI, instrumento del que también votó a favor José Sala».

El proyecto de Marí Tur
El conseller en funciones de Patrimonio, Joan Marí Tur, «votó, mediante el PTI, el mantenimiento ilegal de la calificación de urbanizables de los terrenos correspondientes a un plan parcial de su propiedad y de su familia directa», situado en la zona de Cala Tarida.
Aunque el GEN no denunciaba a Antonio Marí Tur, sí aludía a él para decir que, desde su cargo público, «ayudó en el montaje orquestado para esquivar la aplicación de diversa normativa que hacía inviable este plan parcial», al tiempo que Joan Marí Tur «votó el mantenimiento ilegal de su clasificación mediante el PTI», cuando hacía 14 años que dicho plan parcial había perdido ya su vigencia y el terreno era suelo rústico.
Los ecologistas, en su denuncia, consideraban que todos estos hechos podían ser constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, actividades prohibidas a autoridades y contra la ordenación del territorio.
Aunque la nota de la Fiscalía sólo alude al delito de prevaricación «y otros», el ministerio público habría pedido la investigación de todos ellos.

Fuente: Diario de Ibiza