El Parlament exigirá el inicio «urgente» de las obras del cuartel de la Guardia Civil

La Comisión de Asuntos Institucionales aprueba una proposición del diputado Pep Mayans. El Ministerio anunció el inicio del proyecto para finales de 2008

EIVISSA | REDACCIÓN

La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament balear aprobó ayer una propuesta no de ley presentada por el diputado por Formentera, Pep Mayans, en la que se insta al Ministerio del Interior «a construir urgentemente y sin más demoras el cuartel de la Guardia Civil» en la isla. La propuesta recibió el «respaldo unánime» de todos los grupos parlamentarios, según explica el propio diputado en una nota de prensa.
Mayans explica que el inicio de la construcción de esta instalación estaba previsto para finales del pasado año, por lo que «no se han cumplido las últimas previsiones del Ministerio».?Además, el diputado explica que en el debate de aprobación de su propuesta «se han aportado datos en los que se explica que el Ministerio, a través de los servicios habilitados, está procediendo a la revisión final del proyecto de ejecución».
«Según los datos oficiales aún no hay fecha prevista para el inicio de las obras del cuartel, pero se duda de que [su inicio] sea antes del verano de 2009».?En la misma nota, Mayans abunda en el estado del proceso: «El proyecto está pendiente de supervisión por parte de la Oficina Técnica del Ministerio del?Interior y posteriormente será remitido al servicio de contratación para su licitación».?El presupuesto del proyecto, según apunta Mayans en la nota, asciende a 3.783.970 euros, mientras que el plazo de ejecución está fijado en 18 meses.
«El presupuesto incluye, además de las instalaciones específicas propias de la Guardia Civil, viviendas para los agentes, tanto si vienen a Formentera a desarrollar su función sin compañía o en familia». Pep Mayans añade que este nuevo complejo «se encuadra en el terreno que cedió para la ejecución del cuartel el anterior Ayuntamiento de Formentera, ubicado al lado del antiguo centro sanitario».
En el comunicado, el diputado formenterés insiste en la necesidad de que «todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del?Estado que se desplazan a Formentera a trabajar tengan las mejores condiciones laborales y de convivencia para que la isla se convierta en un destino atractivo para el ejercicio de su labor y haya una cierta estabilidad en los funcionarios desplazados» a la isla.

La Policía investiga a grupos de menores que intimidan, amenazan y agreden a adolescentes en Vila

Numerosos padres han presentado denuncias. La Policía Local ha incrementado los controles en las zonas donde se registran los incidentes. El Ayuntamiento ha convocado una Junta Local de Seguridad

EIVISSA | NIEVES GARCÍA GÁLVEZ

Grupos de chicos menores de edad acosan, intimidan y agreden a adolescentes en Vila con el objetivo de robarles o simplemente por hacer uso de la violencia. Numerosos padres han presentado denuncias por estos hechos que ya están siendo investigados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, mientras que los policías locales de Eivissa han aumentado los controles en las zonas donde se han registrado más incidentes. Para tratar esta creciente inseguridad y buscar soluciones, la alcaldesa de Eivissa, Lurdes Costa, ha convocado de forma urgente una reunión de la Junta Local de Seguridad para la próxima semana.
Distintas concejalías han recibido avisos procedentes de centros educativos, padres y madres preocupados porque grupos de jóvenes, en su mayoría integrados por menores, «están atemorizando a otros compañeros de edades similares con pequeños robos, amenazas, intimidaciones y agresiones en la calle», según fuentes municipales.
Desde el Cuerpo Nacional de Policía explicaron que el aumento de estos casos -que «han pasado desde hace años»- y con unos jóvenes concretos se viene notando desde el pasado mes de noviembre. «Suele coincidir con la actividad escolar», indicaron fuentes policiales, quienes concretaron que los incidentes se registran mayoritariamente en fin de semana. «Los amenazan, les agreden, les piden dinero, les intimidan», señalaron.
Fuentes conocedoras de diversas denuncias y agresiones indicaron ayer a este diario que en realidad se trata de dos grupos de jóvenes los que agreden e intimidan, uno liderado por un chico menor de catorce años y otro por uno de esta edad. «Lleva pasando dos o tres meses», indicaron, y añadieron que los adolescentes «tienen miedo de salir a la calle» e incluso empiezan a gestarse «grupos de chicos que dicen que se van a organizar y a darles su merecido».

Los testimonios
Una madre relató ayer que uno de los últimos incidentes fue la agresión a un chico el pasado fin de semana, el cual tuvo que ser ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario durante 24 horas debido a una conmoción, según su testimonio. «Iban dos [la víctima y otra persona] y se encontraron con cinco chicos. Entre tres cogieron a uno para que no defendiera a su compañero y los otros dos le dieron patadas [al otro]», narró. Según esta mujer, aunque en algunos casos las agresiones son «para robar el móvil o cinco euros», en otras como esta última «es pura violencia». «No le pidieron nada», subrayó, al tiempo que lamentó que esto ocurre «continuamente, cada fin de semana».
Algunos padres han remitido cartas a este diario relatando situaciones similares y criticando la falta de medidas. Catalina Torres, madre de un menor que sufrió, según precisa ella, «una paliza y varias persecuciones», explica que los chicos «no pueden ir tranquilos por la calle porque un niño de trece años, arropado por cinco o seis compinches, se dedica a robarles lo que llevan encima y además les deja como recompensa una buena paliza». Torres asegura que hay «más de cincuenta denuncias puestas contra él en la comisaría», pero que les dicen que no se puede hacer nada «hasta que cumplan los catorce años». «¿En qué beneficia esto a nuestros hijos? ¿Acaso están esperando a que ocurra alguna desgracia para poner luego el remedio?», pregunta esta madre.
En el mismo sentido, Magdalena García Oliván dice que este menor de trece años «viene atemorizando, robando a navaja y apaleando a una ya extensa lista de ciudadanos normalmente menores de edad». García Oliván apunta que esta situación conlleva que los niños «respiran temor, amenaza y violencia» y exige «agotar las medidas educativas, sociales y sanitarias y, si no son suficientes, desplegar las de tipo policial y judicial» para resolverla. Del mismo modo, solicita a la Justicia que se preocupe por respetar también los derechos de los agredidos.
Antonio Calvo resalta en su misiva que en Eivissa «están proliferando las bandas de gamberros y delincuentes juveniles que se dedican a extorsionar y pegar a otros chicos jóvenes que se encuentran por las calles o a la salida de los colegios». A su juicio, «es del todo inaceptable que estas conductas no sean corregidas, basándose en el argumento de que son menores de edad». Calvo concluye que el Consistorio debería introducir en sus normas cívicas sanciones para estos comportamientos, tanto para quienes las practican como para sus tutores.

El PP dice que sus ayuntamientos quieren financiar el albergue

El partido mantiene que el asunto es materia propia del Consell de Alcaldes

EIVISSA | P. R.

Concejales del PP de Eivissa, Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Joan adscritos al área de Servicios Sociales lamentaron ayer que la reciente reunión relacionada con la financiación del albergue insular se cerrase sin acuerdo. Asimismo, criticaron las declaraciones de la consellera Patricia Abascal en las que hacía responsables de esta falta de acuerdo a los ayuntamientos gobernados por el PP.
La concejala de Eivissa Carolina Cava de Llano compareció en rueda informativa junto a Juan Manuel Marí (Sant Joan), Lidia Prats (Sant Antoni) y Anna Costa (Santa Eulària) e incidió en que la financiación del futuro albergue por parte de todos los ayuntamientos es materia del Consell de Alcaldes, que es el foro donde debería haberse tratado, en vez de «imponerse sin previo aviso en el orden del día de la Mesa de Exclusión Social».
Las representantes de Sant Antoni y Santa Eulària precisaron que en 2009 sus presupuestos dedicados a los ´sin techo´ se han triplicado con respecto a 2008, y aunque su problemática es distinta de la de la ciudad de Eivissa, se muestran de acuerdo con participar en la financiación de un centro insular. El PP asegura que la falta de acuerdo en la reunión de la Mesa de Exclusión Social «no significa renunciar a financiar el centro en 2010».
El partido conservador se muestra dispuesto a asumir los costes necesarios en este sentido, «previo acuerdo económico basado en criterios de proporcionalidad, corresponsabilidad, justicia y sentido común». Los concejales añadieron que el PP ya se pronunció sobre la conveniencia de que las cuestiones relacionadas con la intermunicipalidad, como la financiación de un albergue insular, se abordasen en el foro del Consell de Alcaldes.
Asimismo, consideran «imprescindible» que los acuerdos alcanzados «no se vean alterados de forma unilateral, pues los pactos institucionales suscritos deben mantener las obligaciones vigentes en los mismos términos en que han sido negociados». «Es preciso que todas las cuestiones de interés colectivo y multilateral sean tratados con carácter previo en ese mismo foro y no en otros, evitando crear espacios de negociación paralelos que desvirtúan la naturaleza y el contenido del propio Consell de Alcaldes».
Sobre la futura construcción de un centro de acogida, el PP expresó su confianza en que se cumpla la palabra de la consellera, Patricia Abascal, y que esta obra se realice en el tiempo previsto. Para los conservadores, no existe pretexto alguno para que se siga condicionando la construcción del centro a la participación de los ayuntamientos que gobierna el PP

El presidente Francesc Antich, «sorprendido» por «las posibilidades» de sa Coma

Francesc Antich destaca «el efecto multiplicador» de esta inversión porque permitirá que otros proyectos previstos, como la depuradora o el servicio de emergencia 112, se ejecuten de «forma más inmediata»

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ

El presidente del Govern, Francesc Antich, reconoció estar «sorprendido» con las dimensiones y «la gran capacidad» de las instalaciones de sa Coma para poner en marcha nuevos servicios. Antich destacó que estos terrenos ofrecen «unas posibilidades fantásticas», por lo que agregó que esta inversión tiene «un valor extraordinario» y «un efecto multiplicador» porque permitirá que algunas cuestiones pendientes del Govern balear en Eivissa, como la construcción de la nueva depuradora de Vila o el servicio de emergencias 112, se podrán ejecutar «de forma más inmediata».
La segunda jornada de Antich en la isla arrancó con un encuentro del jefe del Ejecutivo autonómico con todos los miembros del equipo de gobierno del Consell de Eivissa en el antiguo pabellón de oficiales de sa Coma. El conseller balear de Economía y Hacienda, Carles Manera, estuvo presente. En esta reunión los consellers explicaron algunos de los proyectos que maneja cada uno de sus departamentos y que de alguna manera dependen del Ejecutivo autonómico. En este sentido, el conseller de Medio Ambiente y Movilidad, Albert Prats, recordó a Antich, según él mismo explicó luego, que la Comunitat Autònoma debe financiar parte de las infraestructuras del vertedero de Ca na Putxa, inversión que debe servir, además, para rebajar las tasas que deberán abonar los ciudadanos.
Posteriormente, sobre las 11 horas, el presidente del Consell, Xico Tarrés, acompañó a Antich y su comitiva en vehículo hasta el campo de tiro para conocer de primera mano las condiciones del antiguo recinto militar. También participaron de esta visita los alcaldes de Sant Antoni y Santa Eulària, José Sala y Vicent Marí, respectivamente, al hallarse sa Coma en los límites de ambos municipios. ?Tarrés explicó a los alcaldes y a Antich sobre el terreno algunas de las ideas que plantea el Consell en este espacio. De hecho, Sala aseguraba tras el recorrido que al menos ahora conocían de boca del presidente del Consell qué pretenden hacer en este espacio porque hasta ahora lo único que sabían era a través de «los medios de comunicación».
En el Consell de Alcaldes que se celebró después en el despacho del presidente Tarrés no se habló de sa Coma pese a que los alcaldes del PP criticaron esta operación en la rueda de prensa del martes. Antich destacó el tono cordial del encuentro y señalo que ningún alcalde había planteado ningún problema sobre esta cuestión. Insistió en que se trata de una adquisición «importantísima» para Eivissa, puesto que, según recordó, «no va sobrada de terrenos, sino al revés». Tarrés agregó que el Consell no tiene suficiente capacidad para ejecutar este proyecto (supone una inversión de 30 millones junto al polvorín de Santa Gertrudis), por lo que subrayó que la financiación extraordinaria pactada en el nuevo Estatut es una oportunidad única para sacarlo adelante. Hoy se reúne la comisión técnica para la redacción del Plan de Ordenación de usos de sa Coma, integrada por todas las administraciones, incluidos Sant Antoni y Santa Eulària, con el objetivo de empezar a definir los usos del antiguo recinto militar. Se plantea, por ejemplo, que la depuradora pueda ubicarse en el campo de tiro al situarse en una zona escondida y apartada.

La AECC pide apoyo para las familias que tienen que salir de la isla para tratar a un niño enfermo de cáncer

Lali Costa explica que pasan varios meses lejos de casa y que apenas reciben ayudas. El comité técnico volverá a trabajar elaborando un estudio «serio y a largo plazo» del número de enfermos y dónde siguen sus tratamientos

EIVISSA | MARTA TORRES

«La situación de las familias con un niño enfermo de cáncer es la misma o casi peor que la de los pacientes que deben salir de la isla para someterse a radioterapia», aseguró ayer la presidenta de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Lali Costa, coincidiendo con el Día Mundial de este mal, que se celebraba ayer. La presidenta lanzó esta reflexión porque este año la campaña en todo el planeta está destinada a la prevención del cáncer en los más pequeños.
Lali Costa explicó que como en Eivissa no hay oncología pediátrica todos los niños que sufren esta enfermedad tienen que salir de la isla para someterse tanto a operaciones quirúrgicas como al resto de tratamientos para intentar curar el cáncer. Casi todos se envían a Barcelona, añade.
La presidenta señala que en estos casos la conselleria balear de Salud se hace cargo del traslado del niño y uno de los padres y que la dieta que paga es también de trece euros por persona y día. Lali Costa explica que cuando un niño está enfermo de cáncer los dos padres quieren estar con él en todo momento, de manera que uno de los progenitores tiene que pagarse los billetes de avión o barco de su bolsillo y no percibe ninguna ayuda económica por parte del Govern balear. «Suelen tener que pasar entre dos y tres meses fuera de la isla y aunque uno de los padres esté constantemente con él, otro debe estar yendo y volviendo todo el tiempo que dure el tratamiento», apunta la presidenta, que pide más apoyo por parte de las instituciones para estas familias que viven la dolorosa situación de tener un hijo pequeño o adolescente con cáncer.
La presidenta de la junta local de la AECC explica que la asociación se hace cargo del coste de este segundo acompañante. Costa explica que muchas familias acuden a ellos con facturas de sus estancias en hoteles y pensiones para ver si pueden ayudarles. «Además, como tienen aque estar pendientes del niño en todo momento muchos se ven obligados a dejar su trabajo. Y no sólo durante el tiempo que dura el tratamiento. También tiempo después. En esos momentos lo prioritario es el niño», apunta. Por este motivo, piden a la conselleria de Salud que se haga cargo de los costes de estas familias.
La AECC repartió ayer a todos los pediatras de Eivissa una guía sobre alimentación saludable para que la repartan entre los niños a los que ven, ya que este año el lema de la campaña de prevención del cáncer en niños es ´Me gusta hacer deporte y comer de todo´.
Lali Costa señala que la asociación no puede cuantificar el número de niños con cáncer que hay en las Pitiüses. «No existe un registro actualizado ni de niños ni de adultos en estos momentos, aunque debería haberlo», apunta. De la misma manera, Costa insistió una vez más en la necesidad de que el nuevo hospital cuente con servicio de radioterapia. En estos momentos, tras recoger más de 40.000 firmas el año pasado, las asociaciones siguen esperando que el conseller balear de Salud, Vicenç Thomàs, se manifieste de manera clara sobre si el futuro Can Misses tendrá este servicio.
El martes por la tarde se celebró una reunión a la que estaban convocados todos los médicos que formaban parte del comité técnico de la junta local de la AECC, que dimitió en pleno al sentirse cuestionado por la presidenta balear de la asociación, Teresa Martorell.
Aunque algunos no pudieron acudir, el que era presidente del comité, Antoni Pallicer, afirmó que todos los que estaban se mostraron dispuestos a volver. «Todos tienen ganas de trabajar y están muy animados. Hay muy buen ambiente», apuntó Pallicer. Una vez en marcha, el comité tiene pensado realizar un estudio «serio y a largo plazo» sobre el número de enfermos de cáncer que hay en las Pitiüses. «Queremos comprobar si realmente hay más o menos casos de los que corresponden por población y no sólo tendremos en cuenta los que se diagnostiquen en Can Misses sino también en las consultas privadas», añade.

El Govern rechaza subir la velocidad de la vía de Sant Antoni a 100 km/h

La conselleria de Obras Públicas descarta la petición del Consell porque supondría un incumplimiento de la normativa de trazado de carreteras y, además, aumentaría la contaminación ambiental y acústica

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ

La conselleria balear de Obras Públicas ha rechazado la petición hecha por el Consell de Eivissa para que se aumentara la velocidad máxima de la autovía de Sant Antoni de 80 a 100 km/h. El Consell anunció en mayo del año pasado que había solicitado el incremento de la velocidad máxima permitida en esta carretera atendiendo una demanda de la dirección general de Tráfico. En esa ocasión, la portavoz del Consell, Marga Torres, justificaba que Tráfico alegaba que existían otras carreteras con las mismas características que la de Sant Antoni cuyo límite de velocidad se situaba en los 100 km/h, lo cual, por tanto, suponía «una contradicción».
El director general de Carreteras del Govern, Antoni Armengol, explicó ayer a este periódico que técnicamente no se puede satisfacer la demanda del Consell, puesto que supondría «un incumplimiento de la normativa de trazado de carreteras vigente». Armengol concretó que el perfil longitudinal del trazado (los cambios de rasante existentes) impide, en cumplimiento de la normativa aludida, que por esta carretera se pueda circular a 100 km/h y fija el máximo en 80 km/h. Los radios de giro de la planta de la carretera sí permitirían que los vehículos transitasen por encima de la velocidad actualmente autorizada, pero no los cambios de rasante, según Armengol.

El caso de Barcelona
Aparte de la cuestión técnica, que es la de mayor peso y la que justifica por sí sola la negativa a incrementar la velocidaad de la vía, la conselleria de Obras Públicas también justifica que la adopción de este cambio acarrearía «un aumento de la contaminación ambiental y acústica». En este sentido, el director general de Carreteras señaló que se ha recabado información de otras carreteras de la Península y se ha constatado que existe «una tendencia» a disminuir la velocidad máxima en los tramos de acceso a los núcleos urbanos de las grandes ciudades. Armengol pone el ejemplo de Barcelona, donde últimamente se ha abierto un debate sobre esta cuestión. La Generalitat ha decidido reducir la velocidad de la entrada a la gran urbe para reducir los efectos de la contaminación ambiental y acústica.
«La tendencia no es a aumentar, sino a reducir. Nosotros tampoco consideramos justificado subir la velocidad en el caso de Eivissa», dice el director general, que recuerda, además, que en esta carretera existen muchos tramos de «carácter semiurbano». «Hay pocas zonas en las que no haya un núcleo o una casa o un negocio aislado, lo que supone un peligro para los viandantes. No se trata de una autopista en medio del campo. Sólo se podría aumentar a 100 km/h, en el caso de que fuera posible, en muy pocos tramos. ¿Y vale la pena?», cuestiona.

Responsabilidad patrimonial
El director general de Carreteras asegura que el Consell de Eivissa entiende la decisión adoptada. De hecho, destaca que la máxima institución insular «no ha hecho bandera de este asunto», sino que se ha limitado a trasladar la petición que le han hecho los vecinos, aparte de Tráfico. Armengol apunta que la demanda de Tráfico es «respetable y loable», y señala que puede atribuirse «a la cuestión del radar», aunque recuerda que el Govern balear es al que compete fijar la velocidad máxima de la carretera. En este sentido, Armengol subraya que en el caso de que se produjera «una desgracia», la conselleria de Obras Públicas, si incumpliese la normativa de trazado, sería «responsable de cualquier daño patrimonial» y, sobre todo, «moralmente».

Los conductores ibicencos están recibiendo las primeras multas por conducir a velocidad excesiva en la autovía de Sant Antoni

La DGT tiene instalados dos radares fijos en esta carretera, uno en dirección a Eivissa y otro en dirección a Sant Antoni. El límite en la autovía es de 80 kilómetros por hora (excepto en algunos puntos), aunque hay una exención de diez kilómetros más. Si se circula entre 91 y 110 kilómetros por hora la sanción es de 100 euros.

EIVISSA | RAÚL SÁNCHEZ La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado a enviar las primeras multas por exceso de velocidad en la autovía de Eivissa a Sant Antoni. El pasado 12 de diciembre de 2008 comenzaron a funcionar los dos radares fijos que están ubicados en la autovía, uno en el punto kilométrico 7,900 en dirección a Vila y otro en el punto kilométrico 9,600 en dirección a Sant Antoni.
Los radares se instalaron en abril de 2008 y funcionaron a modo de prueba dos semanas, en las que se detectaron varios vehículos circulando a más de 180 kilómetros por hora. Las multas que envía la DGT son remitidas desde el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas del Ministerio del Interior, con sede en León. Por el momento no hay más radares fijos en funcionamiento en Eivissa.
Cuando la limitación es de 80 kilómetros por hora (como en el caso de la autovía de Sant Antoni) los conductores quedan exentos de sanción si no circulan a más de 90. Se considera sanción grave, pero sin pérdida de puntos, circular entre 91 y 110 kilómetros por hora. Esta infracción supone una multa de 100 euros (120 para los vehículos de más de nueve viajeros o que tengan un peso superior a 3.500 kilogramos). Si se paga antes de 30 días desde su notificación la multa se reduce en un 30 por ciento, es decir, el infractor debe pagar 70 euros.
Este diario ha recibido varias notificaciones de conductores que han sido sancionados por circular a más de 100 kilómetros por hora en la autovía.
Si un conductor supera los 111 kilómetros por hora de velocidad en la autovía de Sant Antoni la DGT puede retirarle algunos puntos de los doce con los que cuenta cada conductor. En concreto, se retiran dos puntos si se circula a una velocidad de entre 111 y 120 kilómetros por hora en una zona limitada a 80, tres si la velocidad oscila entre 121 y 130 kilómetros por hora, cuatro entre 131 y 135, y seis si se superan los 136 kilómetros por hora.
Las multas oscilan entre los 100 euros por circular entre 91 y 110 kilómetros por hora en la zona limitada a 80 y los 520 si el radar detecta una velocidad superior a 152 kilómetros por hora. La sanción siempre es mayor para los vehículos de más de 3.500 kilos y para los de más de nueve ocupantes, que pueden llegar a pagar 600 euros de multa si superan el límite máximo de velocidad. (Noticias publicadas en Diario de Ibiza) | Ibiza Moda | Guía Ibiza | Trabajo Ibiza | Ibiza Discotecas