El PP defiende la actuación de Sala y PSOE-ExC apoya la multa al alcalde

Los populares consideran que no se ha autorizado la entrada en la mansión y por eso consideran «contradictorio e incompresible» la sanción a Sala. La oposición le acusa de entorpecer la demolición

EIVISSA | REDACCIÓN

El Partido Popular de Eivissa critica el reciente auto de la juez Irene Truyols que sanciona al alcalde de Sant Antoni, José Sala, a pagar mil euros por cada mes que transcurra sin que la vivienda propiedad del productor musical Michel Cretu sea definitivamente demolida. Mientras, el grupo municipal de PSOE-ExC considera que el primer edil ha mantenido una actitud «de clara obstrucción» a la orden que recibió «hace dos años» para demoler la polémica mansión y alaban la postura de la juez, que le ha hecho directamente responsable de sus actos «sin costarle ni un euro al Ayuntamiento», como recordó el concejal Pep Marí.
A pesar de que el propio Sala reconoció en mayo de 2007 que existía un auto que autorizaba la entrada en la mansión para proceder a su demolición, el PP interpreta ahora que la entrada al inmueble para hacer cumplir la sentencia de derribo «no ha sido autorizada de manera expresa» por el juzgado, «a pesar de haber sido previamente solicitada por el Ayuntamiento de Sant Antoni». Siguiendo esta tesis, el presidente del PP, Miquel Jerez, sostiene que el auto «certifica una situación totalmente contradictoria, paradójica e incomprensible» cuando, además, «se sanciona económicamente al alcalde por no haber hecho algo probablemente ilegal: entrar en una propiedad privada sin la preceptiva autorización».
El presidente del PP defiende la actuación del alcalde: «José Sala ha actuado en este asunto con extremo escrúpulo y pulcritud, se ha puesto a disposición de la Justicia para cumplir con un mandato judicial de derribo y ha defendido con rectitud los intereses del Ayuntamietno de Sant Antoni». Por ello, entiende que la sanción «deberá ser recurrida, por resultar inapropiada e injusta».
Para el PP, la actuación de la Justicia en este caso «se ha caracterizado por haber empleado una celeridad del todo inusual, desacompasada e ignorando el procedimiento administrativo paralelo necesario para licitar las obras del derribo». Jerez señala que mientras el Ayunyamiento adjudicaba en concurso las obras de demolición y resolvía los recursos administrativos presentados Cretu, el juzgado le apremiaba «para concluir el derribo». «No se explica ni se entiende que, sin haber cumplido con todos los trámites previos que exige la ley, sea la propia Justicia la que fuerce una situación de dudosa legalidad como ejecutar un derribo sin estar resuelta la adjudicación y sin poder entrar en la propia vivienda», según la interpretación que hacen los conservadores.
La oposición, por su parte, considera que Sala ha mantenido una actitud «poco ética y nada estética» en el proceso. «Da la culpa al GEN sabiendo que quien incumple la ley es él, que durante más de 20 meses está incumpliendo una sentencia», declaró Pep Marí, «por eso creemos apropiada la sanción».
Sala, como letrado, no puede alegar desconocimiento de los plazos legales, considera el concejal, pero a pesar de ello «adjudicó la demolición cuando se superaba un mes del plazo» establecido en el auto. Por eso Marí se pregunta «qué miedo tiene el alcalde a cumplir la ley, ¿qué gana con ello?». El concejal cree que, si Sala mantuviera la misma actitud que en las obras de las autovías, «ya se habría tumbado la mansión».
El grupo PSOE-ExC ha mostrado su preocupación por hechos como éstos: «El alcalde se ha convertido en un obstaculizador de la ley, un aparejador está imputado, un celador ha sido detenido y dos policías se enfrentan a cargos, uno por robar y el otro por amenazas», recordó Marí. «Queremos explicaciones sobre por qué sucede esto en nuestro municipio».
La demolición «no le cuesta dinero al Ayuntamiento», recordó Marí, «que no engañen a la gente». Las posibles compensaciones llegarían tras una eventual sentencia favorable a Cretu, posterior a la demolición. «Lo que le pedimos es que traslade cualquier responsabilidad económica al anterior alcalde y al aparejador, y no al pueblo, ya que son los responsables de este delito».
Los progresistas se plantean pedir al alcalde que asuma responsabilidades políticas por estos hechos en el próximo pleno de la Corporación, este jueves 26 de febrero.

El GEN ve «lógica» la multa y apunta que «lo que le duele a Sala es pagarla de su bolsillo»

EIVISSA | REDACCIÓN

El GEN-GOB considera «lógico y muy moderado» el auto dictado por el juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma que impone sanciones económicas al alcalde de Sant Antoni y lamenta «que para hacer cumplir una sentencia judical de demolición tengan que transcurrir más de siete años por las continuas maniobras dilatorias y la evidente nula voluntad de acatar las sentencias judiciales por parte de la Administración local y la propiedad».
La agrupación ecologista insiste en que «ha sido el propio juzgado el que, viendo la nula voluntad de acatar la sentencia por parte del Ayuntamiento, impuso un plazo límite para hacer efectivo su cumplimiento y ni eso consiguió que en el momento de finalizar el plazo se hubiese movido ni una sola piedra». Además, contrariamente a lo que afirma el teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, «el retraso en el cumplimiento de la sentencia no es de 21 meses, ya que la sentencia no se habrá cumplido el día en que se inicien las obras de demolición sino el día en el que estas obras acaben».
El GEN añade que resulta «demasiado evidente» que lo que preocupa al alcalde y al equipo de gobierno municipal «no es que pague el pueblo, sino que únicamente pierden los nervios cuando quienes tienen que pagar son ellos de su propio bolsillo». De hecho, «el Ayuntamiento no puede pagar las sanciones que pesan sobre Sala porque eso sería constitutivo de un delito de malversación de fondos públicos»

Precintados los equipos de música de tres bares

Los establecimientos, situados en Sant Antoni, carecían de la correspondiente licencia municipal

EIVISSA | N. G. G.

La Policía Local de Sant Antoni ha precintado los equipos de música y televisión de tres bares denunciados por exceso de ruido que carecían de la correspondiente licencia municipal. La intervención tuvo lugar en la tarde del viernes en dos bares y un restaurante situados en la zona portuaria, la calle Soledad y la calle Menéndez Pidal, según concretó ayer el concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Sant Antoni, José Ramón Serra.
Varios vecinos se habían quejado de las molestias ocasionadas por el elevado volumen de la música en estos locales y la Policía Local les había denunciado por no contar con la licencia secundaria obligatoria. Serra concretó que serán sancionados económicamente por no tener permiso de música y ocasionar molestias, si bien no pudo concretar el alcance de la cuantía de la multa.
Serra explicó que en los establecimientos que no son cafés concierto, salas de fiesta o discoteca es necesario disponer de una licencia de música como actividad secundaria acoplada al permiso principal de bar. El concejal explicó que los propietarios de los establecimientos tendrán ahora que acudir al Ayuntamiento, donde les explicarán qué deben hacer para sacar la licencia. En este sentido, concretó que un técnico deberá acudir al local, hacer una valoración del mismo y establecer, de acuerdo a sus características, un nivel de música.
«Tenemos que ir haciendo recapacitar a la gente de que necesita pedir permiso, tanto si es un hotel, como un restaurante o un bar», señaló Serra, quien reconoció que se actúa «más» en aquellos locales que generan «problemas con los vecinos y denuncias». «Muchos no están insonorizados ni tienen doble puerta, y eso produce molestias a los vecinos de arriba», añadió.
Según el edil, el pasado año se concedieron una veintena de licencias de actividad secundaria a establecimientos de Sant Antoni.

Cuatro periodistas tuvieron audímetros de Sofres en sus casas o en las de familiares

Un ex directivo de IB3 y tres empleados de empresas subcontratadas admiten que infringieron las normas

PALMA | T. ANDUJAR Un periodista contratado por IB3 y tres por la productora SBT han tenido instalados en sus casas, o en viviendas de personas de su círculo inmediato, audímetros para el control de la audiencia de televisión, lo que vulnera las reglas establecidas por la empresa que monopoliza estas mediciones en España: Sofres.
Cuando el mes pasado el Sindicato de Periodistas de les Illes Balears (SPIB) denunció que trabajadores relacionados con la televisión pública tenían dispositivos de control de audiencia en sus hogares, un portavoz de Sofres aseguró que cuando se selecciona un domicilio por su relevancia demoscópica (debe ser representativo de un sector social) se firma un contrato con sus ocupantes en el que se precisa que éstos no pueden tener relación con medios de comunicación.
Sin embargo, Diario de Mallorca tuvo acceso a algunos de los nombres que el SPIB aportó a la Fiscalía y comprobó mediante conversación directa con cada uno de ellos que al menos en cuatro casos la empresa de medición de audiencias o los agentes que distribuyen audímetros en su nombre incumplieron a sabiendas su propia norma, lo cual puede ser estadísticamente relevante en el mercado televisivo isleño, donde hay instalados unos 200 audímetros.

Uno con labores de dirección
Como ya publicó este diario, uno de los casos es el de un periodista que realizó labores de dirección, en niveles intermedios, para la productora SBT y que, tras abandonar ese puesto, aún durante la pasada legislatura, fue seleccionado por un agente de Sofres para que tuviera un audímetro en su casa. El profesional, que se desvinculó de cualquier intento de manipulación, lamentó no haber dado importancia a su condición de periodista cuando aceptó el audímetro, que siguió conservando por indicación de Sofres después de la denuncia pública del SPIB.
Otra periodista, directiva contratada por el propio ente público durante la pasada legislatura, admitió que desde 2004 (meses después de que ella asumiera sus funciones en IB3) sus padres cuentan con un audímetro en casa a pesar de haber advertido al entrevistador que se lo adjudicó el trabajo que desempeñaba su hija. La profesional, que sigue en el oficio dentro del sector privado, subrayó que sus padres no han hecho ningún uso indebido del aparato y recordó que algunos de sus compañeros en la dirección de la televisión pública conocían la existencia de este audímetro.
Una empleada actual de SBT, productora de programas informativos de IB3, confesó también a este diario que durante «unos meses» del año pasado tuvo instalado un audímetro de Sofres en el piso que comparte con otras dos personas, aunque afirmó que ya no tiene en casa el aparato.
El cuarto de los casos comprobados es el de una redactora de contenidos informativos, también contratada por SBT, que admitió que una amiga íntima de su familia (tanto que la llama y considera su tía) ha tenido durante años un audímetro, lo cual «en teoría sería ilegal», afirmó la periodista en referencia a su relación con la titular del aparato.
La Fiscalía, informada del caso por el SPIB, ha iniciado las pesquisas para comprobar si hay irregularidades en la asignación de audímetros.

La formación Septet in blue, formada por profesores del Conservatorio, inaugura el ciclo de conciertos de jazz del Consell de Eivissa

EIVISSA | REDACCIÓN

Cas Serres acogió ayer por la tarde el concierto inaugural del nuevo ciclo ´Jazz Hivern´, organizado por el Consell de Eivissa. Los encargados de romper el hielo fueron los integrantes del grupo Septet in blue, formado exclusivamente por profesores del Conservatorio Profesional de Música de Eivissa: la flautista Joana Moragues, el clarinetista Iván Sanz, los saxos Rafael Barberà y Jaume Manuel, la trompetista Inmaculada Báguena, el violoncelista Oriol Palau y el pianista Adolfo Villalonga. Precisamente éste último es el encargado de los arreglos musicales de la banda, cuyo repertorio está formado por temas de Gershwin y ragtimes de Joplin.
Los amantes del jazz podrán seguir disfrutando de esta música todos los fines de semana hasta el próximo 15 de marzo. El próximo viernes a las nueve y media de la noche en el Palacio de Congresos de Santa Eulària actuará la Eivissa Jazz Big Band. El 8 de marzo en Sant Vicent de sa Cala será el turno de Imagine Quartet (20 horas). El concierto final, el 15 de marzo en Can Blau, lo protagonizará el grupo ibicenco Xaloc Jazz.

Cinco tesoros irrepetibles

Los lectores de Diario de Ibiza han elegido por mayoría es Vedrà como el tesoro más valioso de las Pitiüses. Junto al islote aparecen como elementos naturales o patrimoniales más apreciados Dalt Vila, las praderas de Posidonia, ses Illetes y el ´ball pagès´

EIVISSA | REDACCIÓN

Hace nueve meses comenzó en Diario de Ibiza una encuesta-concurso para conocer cuáles son los lugares o elementos del patrimonio cultural o natural pitiuso preferidos por la sociedad de Eivissa y Formentera. Tras esta larga gestación y gracias a la colaboración de centenares de lectores esta incógnita se ha visto despejada.
Los ciudadanos han escogido los cinco tesoros de las Pitiüses y en cabeza aparece el emblemático islote de es Vedrà, cuyo influjo ha atraído al 24,8% de los votantes. El patrimonio histórico le va a la zaga con un 15,2 por ciento de los votos enviados a través de Internet, ´sms´ o correo convencional para Dalt Vila. Las praderas de Posidonia, que en su día también fueron reconocidas por la Unesco, son consideradas el elemento más valorado por el 10,3 por ciento de los lectores. El quinteto ganador lo completan ses Illetes (7,4%) y el ball pagès tradicional (6,6%).
Muchas personas acuden a la torre des Savinar, en Cala d´Hort, sólo para contemplar el espectáculo único del sol poniéndose tras es Vedrà. El islote es rico en endemismos y su escarpada orografía alcanza los 400 metros de altura.
Los lectores han seleccionado de entre las tradiciones isleñas el ball pagès, que ha hecho perdurar en el tiempo sa curta, sa llarga y ses nou rodades. Es una danza que emula el cortejo y confiere diferentes papeles a hombre y mujer en función de su sexo. En las Pitiüses existen más de una veintena de grupos de baile (colles) que hacen perdurar esta tradición, que se mantiene viva en todos los municipios.
De las decenas de playas que bordean Eivissa y Formentera sólo una ha sido seleccionada como tesoro natural, ses Illetes, en Formentera. Su fina arena, sus contrastes azulados, sus románticas dunas y sus inolvidables atardeceres la hacen única. El Parque Natural de ses Salines es un valor añadido a este tesoro.
La Posidonia, planta que conforma las votadas praderas de Posidonia, es endémica del Mediterráneo. Tiene raíces, tallo, hojas y fruto y vive bajo el agua. En las Pitiüses existen unos 750 kilómetros de praderas sumergidas.

Votación con premio
Dalt Vila es otro de los enclaves preferidos de los ibicencos, que admiran sus casas señoriales, visitan sus baluartes y casamatas y disfrutan su reciente museización.
Todos los participantes en este concurso podían conseguir magníficos premios. El primero de ellos viajará una semana a la nieve en compañía de otra persona por cortesía de El Corte Inglés. Visitará una estación de esquí en Huesca y tendrá pagados alojamiento con media pensión, forfait y clases de esquí.
El segundo premiado ha conseguido un televisor LCD Philips Cineos de 37 pulgadas, cedido por Sony Gallery, un electrodoméstico de tecnología avanzada que incluye Perfect Pixel de alta definición, Ambilight de dos canales y tecnología clear LCD de 100 Hz, con conector USB que ofrece un acceso total al contenido multimedia.
El tercer premiado se ha hecho con una minicadena sony CMT-CPZ2, gentileza de Badi Comercial.
En las votaciones de los lectores aparecen por detrás de los cinco tesoros elegidos otros bienes como el Pla de Corona (6 por ciento de los votos), la casa payesa (5,66 por ciento), ses Salines (5 por ciento) o las herbes (3,5%).
El décimo lugar en las preferencias de los votantes ha sido para la artesanía popular isleña, por delante del Puig de Missa de Santa Eulària, que ha empatado con s´Espalmador. Es Amunts y el sabroso flaó han quedado en decimosegundo y decimotercer lugar, respecticamente. Y en la posición decimocuarta empatan el conjunto arquitectónico de Balàfia y Cala d´Hort, que preceden a las torres de Defensa.

Arrestado otro hombre que compró un certificado falso de empadronamiento

Por el momento ascienden a tres los detenidos en Eivissa en relación a este supuesto fraude masivo, que podría tener ramificaciones por toda España

EIVISSA | N. G. G.

Un joven de 25 años y nacionalidad marroquí ha sido detenido con un certificado de empadronamiento falso procedente de un consistorio de la Comunidad de Madrid, después de que hubiera intentado darse de alta en el Ayuntamiento de Vila. Según fuentes de la Fiscalía de Eivissa, este caso está vinculado al presunto fraude masivo para la regularización de inmigrantes que investiga actualmente el Cuerpo Nacional de Policía y que, al parecer, tendría ramificaciones en toda España.
El detenido, A. A., había adquirido un certificado de empadronamiento de un municipio madrileño falso cuando llegó a España. Al parecer, el joven se desplazó desde Marruecos hasta Ceuta y allí le entregaron la documentación a cambio de 2.500 euros.
Las mismas fuentes indicaron que se movió por varias ciudades hasta que llegó a Eivissa. Cuando acudió al Ayuntamiento de Vila para darse de alta en el padrón municipal, aquí se dieron cuenta de que el documento anterior era falso.
A. A. fue arrestado en unos apartamentos de Sant Antoni como presunto autor de un delito de falsedad documental y ayer pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 2, que se encuentra de guardia. Al parecer, el joven reconoció que había comprado el documento e incluso aportó el nombre de un presunto vendedor. Fuentes de la Fiscalía precisaron que quedaría en libertad provisional.
Según la información recabada por este diario, esta sería la tercera persona arrestada en la isla por este presunto fraude masivo que se investiga desde un juzgado de Instrucción de Collado Villalba, en Madrid. Supuestamente, existen ramificaciones de este caso en toda España y ya se identificado a un número no concretado de personas que poseían documentación falsa. En Eivissa, las diligencias estaban a cargo del Juzgado de Instrucción número 4, cuyo titular levantó el secreto de las actuaciones recientemente.

Objetivo: regularización
Pese al reducido número de detenidos que ha trascendido por el momento, el delegado del Gobierno en Balears, Ramón Socias, confirmó el viernes que en la isla se han detectado «entre 40 y 50» certificados de empadronamiento falsos.
Al parecer, las falsificaciones realizadas en diferentes municipios madrileños, entre ellos Majadahonda o Los Molinos, eran utilizadas por los inmigrantes para acceder, por una parte, a prestaciones sociales. Por otra, eran usados para lograr la regularización acreditando de forma fraudulenta la residencia en España durante el tiempo mínimo que estipula la Ley de Extranjería, que está fijado en tres años.
En el mes de noviembre, el departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Eivissa detectó los primeros falsos empadronamientos en localidades madrileñas y remitió un informe con sus sospechas a los servicios jurídicos del Consistorio, que a su vez contactó con la Dirección Insular de la Administración del Estado. Además de en Vila, también se han descubierto al menos cuatro casos más en el municipio de Sant Antoni.
La investigación, que todavía continúa abierta, deberá esclarecer si los funcionarios de los ayuntamientos de Madrid de los que proceden los certificados son falsos, así como si existe alguien que los esté distribuyendo en Eivissa. (Noticias publicadas en Diario de Ibiza) | Ibiza Moda | Guía Ibiza | Trabajo Ibiza | Ibiza Discotecas