José Sala hace efectivo el primer pago de 1.000 euros por el caso Cretu

Sant Antoni sigue a la espera de que la jueza autorice la entrada en la mansión para iniciar las obras de demolición. La propiedad pide un mes más de tiempo

EIVISSA | E. R.

El alcalde de Sant Antoni, José Sala, ingresó a finales de la pasada semana en la cuenta bancaria del Banco Español de Crédito facilitada por el juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma el primer pago de mil euros correspondiente a la multa impuesta por la juez por el retraso que acumula la ejecución de la sentencia de demolición de la mansión de Michel Cretu, en Santa Agnès. Se trata del abono de la mensualidad de marzo, que deberá repetirse en los próximos meses mientras no se haya derribado la casa, con el agravante de que a partir de julio la sanción económica ascenderá a 600 euros a la semana.
El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, señaló que el alcalde ha pagado la multa con el dinero de su bolsillo, tal como contempla la resolución judicial, que, por otra parte, ha sido recurrida por Sala. «El alcalde debe pagar, y punto», dijo Pantaleoni, que rehusó aclarar si el resto de componentes del equipo de gobierno ha contribuido o no a hacer frente a esta sanción económica alegando que se trata de «una cuestión particular».
Por su parte, Pantaleoni informó de que el Consistorio sigue a la espera de que la jueza autorice la entrada en la vivienda para poder iniciar las obras de derribo. Dijo que la empresa concesionaria de la demolición, que es de Navarra, se desplazará a la isla cuando la jueza autorice la entrada en la casa, y no antes. «No pueden venir con la maquinaria y estar parados un mes esperando que la jueza se pronuncie», justificó el teniente de alcalde.
Pantaleoni también recuerda que en la ocasión anterior en la que el Ayuntamiento solicitó autorización para acceder al interior de la mansión (para redactar el proyecto de demolición), el juzgado tardó «cuatro meses» en resolver. Asegura que la propiedad del inmueble pide al menos un mes más antes de abandonar la casa, pero el Consistorio considera que el plazo ya está agotado, aunque se ha informado de dicha solicitud al juzgado para que resuelva. «Nosotros sólo pedimos permiso para poder entrar. Si luego, la juez decide paralizarlo todo y darle un mes más de tiempo, será una cuestión suya», explicó. La jueza sostiene que el pasado 1 de noviembre concluyó el plazo de 18 meses dado para la ejecución de la sentencia, lo que ha motivado la imposición de la multa.

El Ayuntamiento precisa que Torres no atribuyó a Brues la decisión de edificar de más junto a Joan XXIII

El concejal dijo ante el juez que no sabe quién dio la orden, pero que supone que fue la constructora

EIVISSA | REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Eivissa precisó ayer que el concejal de Urbanismo, Vicente Torres, en su declaración ante el juez como testigo en el caso Eivissa Centre, en ningún momento «aseguró que tenga el convencimiento de que fuera Brues quien decidiera por su cuenta y riesgo edificar más de lo establecido en la licencia urbanística».
En un escrito de rectificación firmado por la alcaldesa, Lurdes Costa, se niega la veracidad de los titulares (´El edil de urbanismo dice que Brues actuó por su cuenta al edificar más de la cuenta en Joan XXIII´ y ´Torres cree que Brues actuó por su cuenta al construir más de lo debido en Joan XXIII´) que encabezaban ayer las informaciones de este periódico, en portada y páginas interiores, sobre el testimonio de Vicente Torres. Según la nota del Ayuntamiento, a la vista de la declaración en el juzgado de Instrucción número 2, lo «correcto» sería decir que «el edil de Urbanismo dice que no sabe quién permitió o dio la orden para que se construyera un volumen superior al permitido en Joan XXIII».

«No sabe quién dio la orden»
La nota añade que, en su respuesta a la primera pregunta sobre el exceso de construcción, «el concejal contesta tajante que no sabe quién permitió o dio orden de que se construyera por encima de lo permitido», y en la segunda pregunta sobre esta cuestión «cuando se le pide que confirme si fue la empresa constructora, manifiesta que supone que sí, pero insiste en que no lo sabe; por tanto, el concejal nunca respondió afirmativamente sobre la autoría de la empresa constructora, como se deduce de la lectura del titular de la noticia».
El contenido textual de la declaración de Torres sobre este asunto, según consta en el acta judicial de la misma, es el siguiente: «Preguntado para que diga si sabe quién permitió o dio la orden de la construcción de un volumen superior al permitido en ese momento, contesta que no. Preguntado para que diga si piensa en relación con lo anterior si fue la empresa constructora la que actuó por su cuenta, contesta que supone que sí, pero que no lo sabe».

El futuro centro ciéntífico de Can Marroig estudiará la posidonia y las algas de las salinas

FORMENTERA | C. C.

La consellera de Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías del Consell de Formentera, Silvia Tur, propuso ayer que la Estación Costera de Investigación, prevista en la casa de la finca pública de Can Marroig centre sus objetivos «en el análisis y seguimiento de las comunidades de Posidonia oceanica y en la investigación de las propiedades que se encuentran presentes en las algas de los estanques de las salinas».
La propuesta fue bien acogida tanto por los representantes de la dirección general de Investigación e Innovación del Govern balear, como por la empresa Salines de Formentera, el biólogo marino Manu San Félix y los representantes de las instituciones científicas que asistieron a la reunión de trabajo, celebrada ayer en Formentera.
Uno de los acuerdos adoptados fue el de dar difusión a las posibilidades que tendrá esta Estación Costera de Formentera entre la comunidad científica y los grupos de investigación de Balears. Para conseguirlo, se preparará un seminario, a finales de abril, para profundizar en las posibilidades humanas, económicas y técnicas de futuras investigaciones.

El Ayuntamiento de Ibiza espera disponer de parte de los 10 millones de euros de la Ley de Barrios

El Parlament aprueba con el apoyo del PP la nueva normativa, que dará prioridad a los municipios con menos de 20.000 habitantes y subvencionará entre un 40 y un 90 por ciento de los presupuestos que se aprueben

El pleno del Parlament aprobó ayer, con el voto en contra del PP a los once artículos en los que no se aceptaron sus enmiendas, el texto de la nueva Ley de Barrios y se compromete, por una de las modificaciones introducidas por la oposición, a dotarla con una partida de 10 millones de euros para este mismo año. El concejal de Casco Antiguo de Vila, Marc Costa, que viajó a Palma para esta aprobación, expresó su confianza en que la ciudad pueda beneficiarse de la aplicación de esta normativa desde su inicio.
Costa destacó que la ley recoge una reivindicación de Vila, incorporada al texto definitivo, que permite incluir a los consorcios como beneficiarios de ayudas y no sólo los ayuntamientos, con mayores problemas de liquidez. De esta manera, se considera que está asegurada la ejecución de los proyectos. Anunció que el Ayuntamiento prepara su candidatura, la fórmula que seguirán los proyectos que se presenten al Govern para su inclusión, que espera ultimar en un plazo corto. Se trata de un paquete de «iniciativas transversales», que incluyen tanto medidas urbanísticas como sociales para el barrio de sa Penya, por ello se está redactando conjuntamente por los técnicos de su concejalía y los de Asuntos Sociales.
Esta nueva normativa subvencionará de un 40 a un 90 por ciento los proyectos propuestos por los ayuntamientos y se dará prioridad a los barrios «con una problemática social reconocida», como explicó el conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero. Dentro de esta casuística, tendrán prioridad las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Según las estimaciones de Carbonero, la nueva ley permitirá generar 18 millones de euros en inversión y 1.100 empleos estables.
Las ayudas se clasifican en tres apartados: urbanísticas, orientadas a la mejora de las redes e infraestructuras; arquitectónicas y de vivienda, que potencian la rehabilitación, y las económicas y sociales, destinadas al fomento de la ocupación, la participación ciudadana, la atención a la exclusión y la igualdad de género. El texto definitivo incorpora seis de las 17 enmiendas del PP. Una de ellas prevé incluir el alquiler con opción a compra entre las actuaciones en los barrios. Otra obliga a que el Govern deba destinar cada año un mínimo de 10 millones a la aplicación de esta ley.
Costa se decantaba ayer por el posibilismo: «Son 10 millones de euros para los 53 municipios de las Balears», señaló. De todos modos, confía en que el proyecto que promueve el Consistorio captará la aportación autonómica. «Creemos en esta ley y por eso nuestra candidatura, que esperamos que sea aceptada, será coherente con ella».
El concejal destacó, por encima de todo, que la nueva ley «da carta de naturaleza a la rehabilitación permanente de los núcleos históricos y reconoce un derecho con vocación de permanencia», porque el Ejecutivo deberá destinar cada año fondos a estas actuaciones «independientemente del partido que gobierne».
Ahondando en su propuesta, Costa señaló que la candidatura de sa Penya «incluirá una planificación de actuaciones desde el 2009 hasta el 2012» con vocación de continuidad.

Derecho a la rehabilitación
En el Ayuntamiento Vila alaban la nueva Ley de Barrios porque consolida el derecho a la rehabilitación continuada de los núcleos históricos y plantea obligaciones a la Administración.

La posible venta del hipódromo de Sant Rafel preocupa al mundo del trote

Los aficionados a este deporte y otros sectores vinculados al mismo pedirán al presidente del Consell que aclare el futuro de esta instalación. Recuerdan que es una actividad tradicional que se remonta a los años 50

EIVISSA | J. LL. FERRER

Representantes del mundo de trote, de empresas privadas relacionadas con este sector y de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, entre otros, hasta incluir a casi cuarenta personas, se reunieron ayer para expresar su preocupación por las declaraciones hechas este fin de semana por el conseller insular de Presupuestos del Consell, Tomás Méndez, en las que no descartaba la venta del hipódromo de Sant Rafel, dentro de la política de contención de gastos que ha puesto en marcha la institución insular.
Los reunidos decidieron entregar hoy mismo una carta al presidente del Consell, Xico Tarrés, para pedirle una reunión en la que «aclare» el futuro de esta instalación y le recuerdan que el trote «es una actividad tradicional desde los años 50 en la isla de Eivissa», señaló el delegado en la isla de la Federación Balear de Trote, Joan Marí.
Marí afirmó que tanto él como los demás integrantes de este colectivo quedaron sorprendidos al leer las declaraciones de Méndez, pues no tenían ninguna noticia previa de la posible venta del hipódromo. También se mostraron dolidos por «las formas» en que se expresó Méndez, en concreto, al considerar el hipódromo como «un muerto» que pesa sobre las arcas insulares sin ofrecer una utilidad concreta al ciudadano.
Joan Marí indicó que, si se procede finalmente a la venta del hipódromo, sólo quedaría como alternativa la utilización del existente en Sant Jordi, donde hace tiempo que no se realizan carreras y que, además, no tiene el tamaño adecuado para una óptima celebración de este tipo de espectáculos. «O se tendrán que vender muchos caballos o habrá que ir a correr a Mallorca», con los consiguientes gastos que ello conllevaría, indicó el delegado de la Federación en Eivissa.
El conseller de Presupuestos y Hacienda del Consell Insular, Tomás Méndez, afirmó este fin de semana: «No creo conveniente mantener edificios que sean deficitarios si no dan un servicio al ciudadano, aunque se hayan comprado en otra época. Por ejemplo, hubo una polémica cuando presenté el leasing del hipódromo, que al final no se va a hacer, pero no creo que sea positivo para el ciudadano tener unas instalaciones si no les damos la eficacia y la rentabilidad adecuada, si es un peso muerto que va a pesar sobre el presupuesto. El dinero que dedicas a esto no lo dedicas a otra cosa».
Aunque recalcó que la posible venta del hipódromo «es sólo un ejemplo» y aún no está decidida, recalcó que dicha instalación «se compró por los motivos que sean, pero igual que se compró se vende». Relacionó este hecho con la compra de sa Coma, que permitiría proceder a «algunas reubicaciones».

El vertedero de es Cap abrirá 12 horas seguidas con un segundo vigilante

FORMENTERA | C. C.

El conselleria de Medio Ambiente de Formentera tiene previsto aumentar, desde el próximo lunes, el horario de apertura del vertedero de es Cap de Barbaria, para facilitar el acceso a los transportistas. El nuevo horario será de lunes a sábado entre las 8 horas y las 20 horas de forma continua. Para hacerlo posible, la conselleria ha contratado a un segundo operario para controlar el acceso de materiales de desecho al vertedero.
Medio Ambiente también ha invertido 4.000 euros en el acondicionamiento de la entrada al vertedero, en la reposición de parte del vallado y en una caseta para los vigilantes.

El paseo del dique de Sant Antoni, dañado por los temporales

Ports de Balears ha pedido al Ayuntamiento y al Club Náutico que aporte ideas para dar una solución a la obra antes del verano. Los amarres de gestión propia del Govern serán reagrupados en el interior del puerto

SANT ANTONI | PEP RIBAS

El paseo peatonal de madera, construido en el año 2006, a lo largo del espigón de entrada al puerto de Sant Antoni ha quedado especialmente dañado tras los últimos temporales de poniente. La pasarela de madera y la barandilla de acero inoxidable han quedado desplazadas en algunos tramos por efecto del oleaje y presentan roturas y diversos deterioros.
El vicepresidente de la empresa pública Ports de Balears, Manuel Patiño, dependiente de la conselleria de Medio Ambiente del Govern, se desplazó ayer a Sant Antoni para comprobar personalmente los daños registrados en el puerto. Posteriormente se reunió con responsables municipales y del Club Náutico con el fin de estudiar alguna medida para reparar los desperfectos.
Por parte del Ayuntamiento participó en la reunión la concejala de Urbanismo, Josefa Costa, ya que el alcalde, Josep Sala, estaba de viaje. Según Patiño, las tres instituciones se pusieron de acuerdo en reubicar todos los amarres de gestión propia en otra zona del puerto más en el interior «por motivos de seguridad». Esta reubicación, señaló el vicepresidente, se llevará a cabo «de forma provisional, hasta que esté aprobado definitivamente el plan director del puerto, que se encuentra en fase de elaboración».
Con respecto a los desperfectos del paseo del dique, Patiño señaló que expresó en la reunión su preocupación por el estado de deterioro en que se encuentra y que ha pedido tanto al Ayuntamiento como al Club Náutico que, ante la llegada inminente de la Semana Santa y el inicio de la temporada turística, aporten sus ideas para dar una solución definitiva a esta obra.
«Lo que nos preocupa ahora es ver si tenemos que reconstruir esta obra tal y como se terminó en 2006 o bien si tenemos que variarla. Por esto esperamos lo que nos digan los técnicos y también pedimos colaboración al Ayuntamiento para que nos dé ideas», apuntó el vicepresidente de Ports de Balears.

Posible eliminación
Patiño no descarta que los técnicos aconsejen eliminar la pasarela de madera y devolver el dique a su estado anterior a 2006, ya que si se reconstruye la pasarela, no existen garantías de que otro temporal la vuelva a romper en poco tiempo. El vicepresidente admite que para Semana Santa no se habrá dado una solución definitiva a este paseo, pero considera que para el verano tiene que estar operativo.
Una vez redactados los informes técnicos, tanto de Ports como del Ayuntamiento y el Club Náutico, se celebrará otra reunión para tomar la decisión más conveniente.
En el encuentro de ayer se abordó también la necesidad de regular los fondeos en la bahía, una competencia de la Demarcación de Costas. El Ayuntamiento ha pedido al organismo central una autorización temporal para llevar a cabo el control de estos fondeos. Si la petición se acepta, Ports de Balears, que también había realizado la misma solicitud, renunciará a favor del Ayuntamiento, asegura Patiño. (Noticias publicadas en Diario de Ibiza) | Ibiza Moda | Guía Ibiza | Trabajo Ibiza | Ibiza Discotecas